El impacto del Covid-19 sobre la democracia
Trino Márquez
@trinomarquezc
El informe de Freedom House de 2020, Democracy on Lockdown: The Impact of covid-19 on Global Freedom, examina el impacto de la pandemia sobre la democracia en el mundo. En él se señala que desde que el virus eclosionó la condición de la democracia y los derechos humanos han empeorado en ochenta países, con particular agudeza en aquellos donde ya se habían deteriorado y en los Estados previamente represivos. Desde luego que Venezuela aparece en esta ominosa lista, junto a Camboya, Sri Lanka, Eritrea, Rusia y Bielorrusia, entre muchos otros países. Una compañía nada deseable. Esas son naciones donde la sociedad civil se encuentra cada vez más asfixiada por sistemas opresivos y mandatarios con aspiraciones de abrocharse al poder ad eternum.
En el caso específico del régimen de Nicolás Maduro, resulta evidente que el confinamiento le ha servido para continuar cerrando el círculo sobre una oposición debilitada por sus contradicciones internas, por la falta de anclaje con las organizaciones sociales que le dan densidad al orden democrático y por la inexistencia de medios de comunicación de masas independientes, que le concedan amplitud a los mensajes y propuestas programáticas de los grupos que luchan por recuperar la libertad.
A comienzos de 2020, el régimen instrumentó políticas dirigidas a provocar fracturas dentro del campo opositor. Diseñó la ‘Operación Alacrán’ articulada en torno a dos ejes. El primero, comprar algunos diputados militantes en Primero Justicia y Voluntad Popular, las dos agrupaciones emergentes más importantes, con la finalidad de formar con esos tránsfugas la nueva junta directiva del cuerpo legislativo. El soborno le permitió desplazar dentro de la legalidad madurista a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional. La acrobacia no le sirvió de mucho. Esa directiva presidida por Luis Parra no la reconocen ni los mismos oficialistas. Jamás logró reunir la mayoría de los parlamentarios, ni sesionar para tratar asuntos importantes, ni le fue útil a Maduro para darle un brochazo de legitimidad a las decisiones arbitrarias que adopta con frecuencia. El proyecto de Ley Antibloqueo, al que Maduro le ha conferido tanto significado, ni siquiera le fue presentado por cortesía a Parra y a los demás parlamentarios incursos en la enunciada operación. El proyecto pasó directamente a ser considerado por la asamblea constituyente, que por fin, tiene algo en qué ocuparse.
El otro eje de la ‘Operación Alacrán’ se estructuró en torno a la expropiación de los partidos políticos a sus genuinos dirigentes. Hay que admitir que el método es novedoso. En las dictaduras tradicionales, se inhabilitan o ilegalizan las organizaciones que resultan incómodas. El mismo 24 de noviembre de 1948, cuando Marcos Pérez Jiménez, lideró el golpe de Estado contra el presidente Rómulo Gallegos, proscribió a Acción Democrática y al Partido Comunista. Luego les tocó el turno a otros. Así proceden, o procedían, los autoritarismos convencionales: sin sutilezas. El método de Maduro es más refinado: no los ilegaliza, sino que los expropia. Como si del edificio La Francia se tratara. De acuerdo con ese novedoso procedimiento, les quitó Primero Justicia, Voluntad Popular y AD a sus legítimos líderes y se los entregó a otros que se conectan mucho mejor con Miraflores que con las bases sociales de esas agrupaciones. Hasta Patria Para Todos salió arponeado, después que sus dirigentes marcaron distancia del gobierno.
Este ataque tampoco le ha dado el resultado esperado a Maduro. Ninguno de esos partidos confiscados se ha convertido en interlocutor válido del autócrata, como tampoco pudo lograrlo la Mesa de Diálogo Nacional, conformada por microgrupos sin ninguna incidencia en la vida política nacional. Maduro ha tenido que seguir soportando la tenaz resistencia de los líderes que labraron su nombre en la lucha frontal contra la autocracia. Los hechos lo han obligado a admitir que Juan Guaidó, Henrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López y Julio Borges, entre otros dirigentes que se encuentran dentro y fuera de Venezuela, son las figuras reconocidas por la comunidad internacional y por el país como expresión de los valores democráticos, y que el entendimiento es con ellos o, simplemente, no hay acuerdos. Los otros son comodines.
La pandemia, como es ostensible, ha sido utilizada por el régimen para acentuar los rasgos autoritarios del modelo madurista en el plano político. El esquema también se ha extendido a otras áreas. Los militares han incrementado su presencia y control en el territorio nacional. Lo mismo ha ocurrido con las fuerzas policiales formales, por ejemplo las FAES, y con los organismos paramilitares como los colectivos. Esos grupos se mueven en un territorio muy opaco, donde no están claras las fronteras entre la legalidad, la delincuencia y la impunidad. En las recientes protestas registradas en el país, los vimos actuar con la ferocidad típica de las fuerzas de choque organizadas por los autoritarismos.
Venezuela encarna un buen ejemplo de lo señalado por Freedom House: aquí la democracia se encuentra en pleno declive. Ese retroceso será otra de las secuelas del Covid-19.
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