Un debate necesario

 

Desde hace cierto tiempo han aparecido algunos voceros exponiendo ideas que reflejan un profundo desinterés por quienes padecen la pobreza, la explotación y la miseria en Venezuela. Por ejemplo, están aquellos que se pronuncian a favor de cobrar la matricula en las universidades públicas porque, a su juicio, “la universidad gratuita no existe” y, por tanto, el estudiante que hoy ya no tiene transporte ni comedor universitario también debería pagar su educación.

 

Ciertamente, una de las causas más palpables de la crisis económica en Venezuela fue la pertinaz obsesión del oficialismo de imponer controles primitivos a las empresas, o peor, expropiándolas hasta quebrarlas. Ahora bien, no debemos asumir que la solución a esa crisis provocada por decisiones políticas sobre cargadas de dogmas ideológicos debe ser mover el péndulo hacia el extremo de la desregularización que plantean los que aplauden las “Zonas Económicas Especiales” y la “pax bodegonica”. El libre mercado no puede ser mal interpretado como un contexto en que los trabajadores pierden todos sus derechos, el medioambiente sea depredado y el Estado abandone sus responsabilidades fiscales.

 

Con el cuento de ser la “generación de hierro”, cierta vocería más que pedir, exige, que los programas de alimentación en escuelas, liceos o centros de atención al adulto mayor, que ya funcionan anecdóticamente bajo la administración madurista, dejen de existir porque “mal acostumbran a la gente a comer sin trabajar”. Tal parece que no han escuchado que las Naciones Unidas y sus distintas agencias califican a Venezuela como un escenario de “Crisis Humanitaria Compleja” en la cual el hambre provoca la desestructuración social y una crisis migratoria sin precedentes. ¿Cómo puede resolverse una crisis alimentaria sin proporcionar alimentos? ¿Acaso eso es solo deber de grupos caritativos y el Estado debe permanecer como espectador solo para cumplir la fantasía del Estado mínimo?.

 

La respuesta a una crisis humanitaria compleja, salta a la vista, no puede ser cumplir con el decálogo del libre mercado y el Estado mínimo porque eso equivale a gritar “Sálvese quién pueda”. Tras el naufragio del militarismo, del madurismo y del dogma socialista, debemos construir una sociedad en la cual el Estado asuma su responsabilidad de financiar la educación pública en todos los niveles y para todos los ciudadanos, una sociedad que reconstruya el diálogo tripartito conforme a los  criterios de la OIT para que trabajadores, empleadores y gobierno establezcan relaciones laborales decentes, el Estado debe proteger a los ciudadanos que sufren de forma diferenciada la crisis y combatir el hambre. A veces decirlo con todas sus letras parece ofensivo para quienes son incapaces de debatir, pero si, se necesita un Estado de Bienestar construido con visión socialdemócrata.

 

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica

  

El futuro enclave autoritario

 

En 2023 la Plataforma Unitaria celebrará sus elecciones primarias y para 2024 se convocarán elecciones presidenciales, frente a esa perspectiva el gobierno en ejercicio se encuentra muy activo: 1) cada vez más empresas públicas pasan a control privado con muy poca transparencia en el proceso, 2) se anuncia presencia militar en centros educativos y sanitarios, 3) aprueban la Ley de Zonas Económicas Especiales que, junto con la Ley Antibloqueo, le da total opacidad a “inversores internacionales” para controlar pedazos del país en asociación con capataces locales, 4) se intensifica la discrecionalidad de los efectivos policiales y militares quienes ya tienen más poder que los alcaldes y gobernadores. Estamos presenciando la metódica construcción de un enclave autoritario ante la eventualidad de un triunfo electoral de la oposición.

 

Un enclave autoritario es la expresión de prácticas institucionales, económicas y políticas que le dan control fáctico al grupo de personas asociadas a una autocracia recientemente desplazada del poder. A efectos de comprender este punto se hace necesario referirse a par de ejemplos, para 1990, recientemente electo Patricio Aylwin como presidente de Chile por los votos de la mayoría de los Chilenos, tuvo que soportar que el ex dictador Pinochet se mantuviera como Jefe del Ejército. En el caso Español, era indudable que tras el advenimiento de la democracia, durante el gobierno de Alfonso Suarez, un segmento importante del Franquismo poseía control de las Fuerzas Armadas, tanto así que hasta lograron el secuestro del Congreso de los Diputados, ametralladora mano, durante el tristemente celebre 23 de Febrero de 1981.

 

Si la coalición dominante tiene un incentivo para negociar con la Plataforma Unitaria en México es su absoluta necesidad de garantizar total impunidad por lo hecho y desecho en más de dos décadas. En ese caso, incluso con justas lágrimas en los ojos, tendremos que afirmar al igual que Patricio Aylwin, que “si nos toca optar entre la libertad y la justicia, escojo la libertad para seguir luchando por la justicia”. Puede suceder que una vez triunfe la Plataforma Unitaria en las elecciones de 2024, el nuevo gobierno democrático en Miraflores se vea rodeado por un ejército indisciplinado que se resista a someterse al precepto constitucional del control civil sobre las Fuerzas Armadas. Ese nuevo gobierno tendría respaldo popular, expresado en votos, pero estaría a merced de grupos paramilitares en asociación con elementos corruptos de las FANB que controlarían, a modo de subversión, “zonas económicas especiales” contando con financistas internacionales con fines tan compartidos como inconfesables.

 

Ese desafío no es para nada sencillo y requiere la unidad de todos los demócratas y de todos los ciudadanos. Por ello es cada vez más pertinente alcanzar, además de una sólida alianza electoral, una Coalición Democrática capaz de ejercer gobierno en circunstancias tan adversas, de nada servirán tantos sacrificios efectuados si la nueva experiencia democrática que pretendemos inaugurar es destruida al primer zarpazo militarista. Carlos Prosperi, candidato presidencial de AD, se refirió recientemente a estos dilemas y sugirió, con bastante acierto, que todos los partidos y dirigentes políticos asuman con responsabilidad el reto de construir esa coalición democrática incluyente y diversa tan necesaria como estratégica. Ese debate público debe darse, el arma más importante que tienen los venezolanos es la opinión pública y, antes de usarla para desacreditarnos entre los demócratas por dos palabras confundidas, debemos concentrarnos en el fondo del asunto: restituir la democracia y mantenerla frente a los enclaves autoritarios que desean y harán todo por destruirla.

 

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica

 

 

Se escribe Bricomiles, se pronuncia Estado de Excepción

 

 

Venezuela es hoy un país en el que las Fuerzas Armadas asumen el control, de forma cada vez más acentuada, de todos los espacios cívicos. Eso no es una opinión, es un hecho. Para muestra, esta semana, el gobierno nacional anuncia la disposición de efectivos militares en escuelas, liceos y centros de salud. Más allá de las justificaciones de tal decisión, siempre está presente la idea perversa de que los civiles no son de fiar, son desordenados o corruptos y que los militares, por el hecho de serlo, son confiables, ordenados y honestos. Es una idea profundamente equivocada, es más, podría pasar que el civil corrupto solo sea sustituido por un militar corrupto para que sus víctimas sientan además de asco también miedo.

 

El remedio contra la corrupción es la transparencia administrativa, la rendición de cuentas y la contraloría social, de hecho, aunque existan funcionarios corruptos en todos los países, solo aquellas naciones en los que se ponen en práctica esos tres principios se logra detener la acción del corrupto, sea civil o militar. Si al gobierno le interesara realmente luchar contra la corrupción, se harían públicas las declaraciones juradas de bienes de todos los funcionarios electos, se harían públicos los presupuestos, existirían tanto concursos públicos para el ingreso de funcionarios de carrera a la administración como licitación pública para contratistas del Estado. Pero el hecho es que casi nadie sabe nada sobre el presupuesto del municipio donde vive, ni el contenido de los créditos adicionales que aprueban sus Concejos Municipales. En nuestro país gobierna el secreto y la opacidad.

 

Con el país hastiado de las mafias, la matraca, la extorsión y la coima en cada rincón, el gobierno anuncia que la solución a eso es la presencia militar. Pero reiteramos la idea, sin transparencia, ni rendición de cuentas, ni contraloría social, un funcionario, sea civil o militar, puede tener el mismo incentivo de ser corrupto impunemente.

 

De hecho, contrario a lo que se ha dicho, creo que el gobierno nacional intenta establecer un Estado de Excepción permanente sin que medie el procedimiento constitucional para decretarlo y ni siquiera exista la situación de conmoción nacional que lo amerite. El gobierno en funciones no está iniciando con las Bricomiles una cruzada anticorrupción, nada más alejado, en realidad solo intenta militarizar cada escuela, liceo o ambulatorio del país para controlar a la población y a sus reclamos tratándolos como enemigos internos. ¿Qué pasará en aquel liceo donde los estudiantes y los docentes deseen manifestar su descontento por instalaciones deterioradas teniendo a varios efectivos militares a pata e' mingo? ¿Qué pasará en aquel ambulatorio sin insumos, ni medicamentos, ni ambulancia cuando sus enfermeros y médicos decidan expresar su malestar teniendo un militar justo al lado? Les voy a dar el spoiler con lenguaje militar: la demostración de fuerza provocará la disuasión del enemigo.

 

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica

La Ley de Venta del País por Zonas Económicas Especiales

 

 

La llamada Ley de Zonas Económicas Especiales que recientemente aprobó el apéndice legislativo del gobierno merece mucha atención de la opinión pública, en principio, es claro que el gobierno, sin decirlo abiertamente, admite con esa ley que la política de expropiaciones y los primitivos controles de Hugo Chávez condujeron a la actual crisis económica. Luego, más importante aún, exponen su intención de vender al país por pedazos, por zonas, en las que el capital trasnacional y los enchufados locales le saquen hasta la última gota de sudor al trabajador venezolano sin que este reciba un salario y contratación colectiva justa.

 

La explicación para esta aseveración es simple, la inversión extranjera directa puede venir al país si existe tutela judicial efectiva, estabilidad monetaria, respeto por la propiedad privada, seguridad personal, un gobierno transparente, servicios de telecomunicaciones aceptables, red vial adecuada, agua, electricidad, salud, educación… pero nada de eso existe hoy en el país. Por tanto, decididos a raspar la olla, las autoridades de facto deciden ofrecer a los capitales trasnacionales más oscuros y voraces un único atractivo: mano de obra barata (tan barata que por los exiguos salarios equivale a la esclavitud moderna), ninguna libertad sindical y total indiferencia a normas que impidan la explotación indiscriminada del medio ambiente.

 

Es tan perniciosa esa ley que, sorprendentemente, la rechazan hasta los diputados del Partido Comunista de Venezuela. En criterio de Oscar Figuera, Secretario General de los comunistas, esta normativa “significa una nueva amenaza para la soberanía nacional por cuanto crea las condiciones para establecer áreas bajo control del gran capital transnacional a través de regímenes especiales, tanto en lo concerniente a las excepciones e impuestos al capital como en lo que respecta a establecer flexibilización y desregularización de las relaciones laborales en perjuicio de las y los trabajadores”. Tal parece que los comunistas muy tardíamente se dan cuenta del peligro de respaldar a la autocracia.

 

Quienes nos oponemos a la actual administración desde 1998, y al militarismo desde 1992, creemos que este proyecto busca dar legalidad a la entrega del país a intereses foráneos. Los socialistas antiimperialistas se sienten cómodos en el rol de capataces de sus amos en Rusia, China y Turquía y, por tanto, acomodan bien los nudos legales con los que aspiran a ahorcar cualquier huelga obrera. Toda la ciudadanía debe pronunciarse sobre los riesgos de un instrumento legal que permitirá vender, por zonas y a precio de gallina flaca, pedazos del país.

 

Como nota de cierre vale la pena resaltar que, aunque no hay ninguna sorpresa en ello, los partidos judicializados votaron a favor de esa ley. Para mi, como adeco, es vergonzoso, asqueante, que los supuestos adecos a los que el TSJ entregó las sedes, siglas y tarjeta de AD manchen la imagen del partido del pueblo votando junto con sus socios del PSUV. ¿Quieren una prueba más fehaciente de complicidad? Vean los votos a favor de vender al país.

 

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica

Una Guerra Distante

La distancia es relativa en tiempos de globalización, la Guerra en Ucrania, tras la brutal e

inaceptable invasión de Rusia, nos revela dos bandos claramente antagónicos y donde carecen de

validez disfraces de imparcialidad e indiferencia. Hace apenas unas horas, el Canciller de Alemania,

Olaf Scholz, afirmó a la televisión pública que “13 millones de alemanes no podrán llegar a fin de

mes” dado que la inflación generada por el conflicto bélico afectará los ingresos de la población y

que tal circunstancia puede ser “socialmente explosiva”. Tanto Alemania como el resto de Europa

están apoyando a fondo a Ucrania, tanto en proveer equipo militar como a través de sanciones

económicas al agresor. Es claro que la economía global se resentirá y Venezuela no está aislada ni

podemos pretender que lo está.

Los venezolanos, herederos culturales de occidente, que admiramos sus instituciones y estamos

adscritos a la identidad iberoamericana, deberíamos haber elegido, desde hace rato, el bando de

la democracia occidental. Deberíamos estar respaldando diplomáticamente a Ucrania, deberíamos

estar proporcionado nuestro gas y petróleo al mercado Europeo, deberíamos reducir a nivel de

encargados de negocios las relaciones con países bajo regímenes autocráticos o totalitarios, como

Rusia y China, para reducir en algo su perniciosa influencia global. Deberíamos incluso celebrar

convenios de colaboración militar con la OTAN para elevar nuestras capacidades defensivas y

pasar de tener un tropel de hambrientos matraqueros a un ejército profesional capaz de enfrentar

cualquier agresión externa.

Esos son muchos “deberíamos” y vergonzosamente tenemos el gobierno que tenemos. Nuestra

política exterior debería diseñarse en Caracas, pero no, los supuestos socialistas antiimperialistas

permiten que se diseñe en Moscú. Nuestras prioridades económicas las deciden en China y las

instituciones políticas siguen el dudosamente ejemplar modelo cubano, con cubanos incluidos.

Nuestro gobierno está tan decidido a ser solo un apéndice de intereses extra continentales que

obliga a los periodistas de los medios públicos – y algunos privados – a referirse despectivamente

a “Occidente” cuando nuestro país, quiera o no, se encuentra en el hemisferio occidental.

En una entrevista, el presidente Ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó que Ucrania es el escudo

de Europa frente a Rusia. Me parece muy obvio que pronto Europa se convertirá en el escudo de

América Latina frente a la geopolítica autoritaria liderada por Rusia y China. Es momento que

todos los venezolanos reflexionemos, muchos más los que tienen el poder para incidir en las

decisiones, si en alguna oportunidad hemos tenido desencuentros con nuestros socios

occidentales, ¿creen que nos irá mejor con China y Rusia conquistando el mundo a sangre y fuego?

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica