La llamada Ley de Zonas Económicas
Especiales que recientemente aprobó el apéndice legislativo del gobierno merece
mucha atención de la opinión pública, en principio, es claro que el gobierno,
sin decirlo abiertamente, admite con esa ley que la política de expropiaciones
y los primitivos controles de Hugo Chávez condujeron a la actual crisis
económica. Luego, más importante aún, exponen su intención de vender al país
por pedazos, por zonas, en las que el capital trasnacional y los enchufados
locales le saquen hasta la última gota de sudor al trabajador venezolano sin
que este reciba un salario y contratación colectiva justa.
La explicación para esta aseveración es
simple, la inversión extranjera directa puede venir al país si existe tutela
judicial efectiva, estabilidad monetaria, respeto por la propiedad privada,
seguridad personal, un gobierno transparente, servicios de telecomunicaciones aceptables,
red vial adecuada, agua, electricidad, salud, educación… pero nada de eso
existe hoy en el país. Por tanto, decididos a raspar la olla, las autoridades
de facto deciden ofrecer a los capitales trasnacionales más oscuros y voraces
un único atractivo: mano de obra barata (tan barata que por los exiguos
salarios equivale a la esclavitud moderna), ninguna libertad sindical y total
indiferencia a normas que impidan la explotación indiscriminada del medio
ambiente.
Es tan perniciosa esa ley que,
sorprendentemente, la rechazan hasta los diputados del Partido Comunista de
Venezuela. En criterio de Oscar Figuera, Secretario General de los comunistas, esta
normativa “significa una nueva amenaza para la soberanía
nacional por cuanto crea las condiciones para establecer áreas bajo control del
gran capital transnacional a través de regímenes especiales, tanto en lo
concerniente a las excepciones e impuestos al capital como en lo que respecta a
establecer flexibilización y desregularización de las relaciones laborales en
perjuicio de las y los trabajadores”. Tal parece que los comunistas muy
tardíamente se dan cuenta del peligro de respaldar a la autocracia.
Quienes nos oponemos a la actual administración
desde 1998, y al militarismo desde 1992, creemos que este proyecto busca dar
legalidad a la entrega del país a intereses foráneos. Los socialistas
antiimperialistas se sienten cómodos en el rol de capataces de sus amos en
Rusia, China y Turquía y, por tanto, acomodan bien los nudos legales con los que
aspiran a ahorcar cualquier huelga obrera. Toda la ciudadanía debe pronunciarse
sobre los riesgos de un instrumento legal que permitirá vender, por zonas y a
precio de gallina flaca, pedazos del país.
Como nota de cierre vale la pena resaltar que, aunque
no hay ninguna sorpresa en ello, los partidos judicializados votaron a favor de
esa ley. Para mi, como adeco, es vergonzoso, asqueante, que los supuestos
adecos a los que el TSJ entregó las sedes, siglas y tarjeta de AD manchen la
imagen del partido del pueblo votando junto con sus socios del PSUV. ¿Quieren
una prueba más fehaciente de complicidad? Vean los votos a favor de vender al
país.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com
/ @rockypolitica
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