Venezuela es hoy un país en el que las
Fuerzas Armadas asumen el control, de forma cada vez más acentuada, de todos
los espacios cívicos. Eso no es una opinión, es un hecho. Para muestra, esta
semana, el gobierno nacional anuncia la disposición de efectivos militares en escuelas,
liceos y centros de salud. Más allá de las justificaciones de tal decisión,
siempre está presente la idea perversa de que los civiles no son de fiar, son
desordenados o corruptos y que los militares, por el hecho de serlo, son
confiables, ordenados y honestos. Es una idea profundamente equivocada, es más,
podría pasar que el civil corrupto solo sea sustituido por un militar corrupto
para que sus víctimas sientan además de asco también miedo.
El remedio contra la corrupción es la
transparencia administrativa, la rendición de cuentas y la contraloría social,
de hecho, aunque existan funcionarios corruptos en todos los países, solo aquellas
naciones en los que se ponen en práctica esos tres principios se logra detener
la acción del corrupto, sea civil o militar. Si al gobierno le interesara
realmente luchar contra la corrupción, se harían públicas las declaraciones
juradas de bienes de todos los funcionarios electos, se harían públicos los
presupuestos, existirían tanto concursos públicos para el ingreso de
funcionarios de carrera a la administración como licitación pública para contratistas
del Estado. Pero el hecho es que casi nadie sabe nada sobre el presupuesto del
municipio donde vive, ni el contenido de los créditos adicionales que aprueban sus
Concejos Municipales. En nuestro país gobierna el secreto y la opacidad.
Con el país hastiado de las mafias, la
matraca, la extorsión y la coima en cada rincón, el gobierno anuncia que la
solución a eso es la presencia militar. Pero reiteramos la idea, sin
transparencia, ni rendición de cuentas, ni contraloría social, un funcionario,
sea civil o militar, puede tener el mismo incentivo de ser corrupto
impunemente.
De hecho, contrario a lo que se ha dicho, creo
que el gobierno nacional intenta establecer un Estado de Excepción permanente sin
que medie el procedimiento constitucional para decretarlo y ni siquiera exista
la situación de conmoción nacional que lo amerite. El gobierno en funciones no
está iniciando con las Bricomiles una cruzada anticorrupción, nada más alejado,
en realidad solo intenta militarizar cada escuela, liceo o ambulatorio del país
para controlar a la población y a sus reclamos tratándolos como enemigos
internos. ¿Qué pasará en aquel liceo donde los estudiantes y los docentes
deseen manifestar su descontento por instalaciones deterioradas teniendo a
varios efectivos militares a pata e' mingo? ¿Qué pasará en aquel ambulatorio
sin insumos, ni medicamentos, ni ambulancia cuando sus enfermeros y médicos
decidan expresar su malestar teniendo un militar justo al lado? Les voy a dar
el spoiler con lenguaje militar: la demostración de fuerza provocará la
disuasión del enemigo.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
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