viernes, 30 de octubre de 2020

El drama económico expresado en cifras

El Editorial


La progresiva incapacidad de generación de riqueza en Venezuela determinada por un conjunto de políticas públicas negativas y la inseguridad jurídica que de ellas se derivan ha dado lugar a una fuerte caída del Producto Interno Bruto.

El FMI en su informe Perspectivas de la Economía Mundial presentada recientemente, estima que el Producto Interno Bruto de Venezuela experimentará en el 2020 una caída del 25%, en tanto que para la CEPAL esa caída será de un 26%. Por su parte el Banco Mundial excluyó a Venezuela de sus estimaciones.

En buena medida los problemas económicos del país se originan en una expansión fiscal a gran escala, la subsiguiente hiperinflación, la destrucción del signo monetario y la destrucción del aparato productivo, todo lo cual ha venido distorsionando cada vez más la estructura macroeconómica.

Según el FMI la inflación en Venezuela alcanzará en el 2020 a un 6.500%. La hiperinflación se ha prolongado por 35 meses. El desempleo alcanza a un 54,4% y los niveles de empobrecimiento de la población han sido agudos.

Por otra parte, para el año 2021 el FMI calcula que el PIB de Venezuela caerá en un 10% y el nivel de desempleo alcanzará a un 57,3%, en tanto que la inflación será igual que en el 2020

En la práctica, el déficit fiscal sostenido financiado mediante emisiones de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela ha dado lugar a un fuerte incremento de la liquidez monetaria lo cual ha sido la causa fundamental del agudo proceso inflacionario que padece el país.

Según datos del Banco Mundial, para el año 2013 el PIB del país alcanzaba a US$ 438.384 millones. Estima el Fondo Monetario Internacional que para el año 2020 se habrá reducido a apenas a $ 48.610 millones. La caída acumulada entre 2013 y 2020 según cifras del FMI sería de 81,2%, en tanto que el PIB per cápita a precios corrientes ha descendido hasta apenas $ 1.739 dólares -el más bajo del continente después de Haití- después de haber llegado a tener el más alto de toda la América Latina.

El efecto combinado de la caída del PIB, el desempleo y la hiperinflación ha dado lugar a un empobrecimiento brusco de la población. Según la encuesta ENCOVI el 96,2% de las familias venezolanas viven en condición de pobreza de ingresos, en tanto que el 79,3% de ellas en situación de pobreza extrema conforme a ese mismo indicador.

Las cifras del Fondo Monetario Internacional, evidencian que Venezuela alcanzará este año tres records: la mayor hiperinflación, la segunda mayor caída del PIB (sólo superada por Libia) y la mayor tasa de desempleo del mundo.

Todo lo anterior ha sido la causa de que más de cinco millones de venezolanos hayan tenido que emigrar buscando en otras tierras el futuro que la suya propia les negó.

Por su parte la revista Foreign Office sostiene que la crisis económica venezolana es la mayor que haya registrado en Latinoamérica en toda su historia y figura entre las diez mayores documentadas a nivel mundial.

La situación podría deteriorarse considerablemente a raíz del COVID 19. El Sr Alejandro Werner, Director para el Hemisferio Occidental del FMI, en un informe presentado en abril del 2020 se refirió al caso de Venezuela en los siguientes términos:

“El caso de Venezuela no es una década perdida, es una década de retroceso gigantesco (…) Lo que ha ocurrido en Venezuela es un desastre macroeconómico y social que nunca se había visto en la región”.

Todas las cifras anteriores, aunque impactantes, no son capaces de reflejar el verdadero drama expresado en términos de sufrimiento humano.

José Toro Hardyeditor adjunto de Analítica

El fascismo y la desestabilización del país


Humberto García Larralde.

por: Humberto García Larralde, economista,

profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

Presidente de la Academia nacional de Ciencias Econ-omicas y Sociales.

Increíble, pero cierto. El Madurismo sigue en sus cantinelas, impertérrito, mientras el país termina por desmoronarse sobre sus cabezas. Fascismo del subdesarrollo, porque al menos Hitler y Mussolini procuraban que sus países funcionaran, aunque fuese solamente para sostener el esfuerzo de guerra. Pero en la triste y trágica Venezuela de 2020, todavía se le ocurre al mamarracho de Tarek William Saab salir a denunciar que la detención de Roland Carreño –un desafuero más en la larga lista de atropellos a la justicia– era porque estaba incurso en una conspiración, con Voluntad Popular, ¡para desestabilizar el país! Tan sumergidos en su mundo ficticio de clichés y excusas autocomplacientes están estos capos de mafia –que han chupado al país seco–, que continúan culpando a otros por sus barbaridades, como si nada. ¡Pero si el país lo vienen desestabilizando ustedes desde hace años! Lo desmontaron desde sus cimientos; no queda piedra sobre piedra. Acabaron con PdVSA, con los servicios públicos, con la libertad, la justicia y la autoridad, para dejarnos en una anomia, regida por criminales de cuello blanco, verde oliva o de franela con tatuajes. ¿estabilidad? Se refugian en un callejón sin salida que, más temprano que tarde, les cobrará bien caro. Prefieren cortocircuitar las pocas neuronas que les quedan repitiendo estupideces hace tiempo agotadas.

¿En qué país viven? ¿A quiénes se dirigen?

Tal conducta es expresión de que el combo de pillos y torturadores, con Maduro a la cabeza, ha decidido tirar la toalla en cuanto a “legitimarse” con carantoñas al juego democrático, como aquello de liberar presos políticos –como si fuera una concesión—, cuando el mundo está más que claro que nunca debieron estar presos. El empeño, hasta ahora no abortado, de insistir en las elecciones trampeadas de diciembre, cuando ya se ha cantado por adelantado el fraude a los cuatro vientos, es muestra de que, desde hace tiempo, no saben donde queda el freno en su carrera alocada al precipicio. Pero así es el fascismo. Peor que Jalisco, ni el empate lo satisface. O aplastan al otro o se inmolan. Recordemos a Hitler en su bunker echándole pestes a sus compatriotas por no haber estado a la “altura” de sus designios de grandeza y prefiriendo suicidarse ante su derrota, que negociar una salida.

Quien esto escribe, a pesar de haber insistido siempre en la naturaleza fascista o fascio-comunista del régimen, aboga por su salida pacífica, negociada, en aras de ahorrarle al país mayores sufrimientos. Ya ha sufrido demasiado. Pero su actitud hace cada vez más difícil acordar las bases mínimas de tal negociación. Como Hitler, prefieren atrincherarse en su bunker –no de concreto, sino de fantasías ideológicas—, que enfrentar la realidad. Mientras quede algo por robar –y están raspando con ahínco el fondo del barril—no cederán.    

Pero hace tiempo se les acabó la farsa. Su bancarrota se exalta ahora al encargar al esbirro militar, Reverol, ¡de la economía! ¡Ni gasolina son capaces de asegurar!  Su monigote “revolucionario” no tiene vida, es absolutamente inviable y su único destino es la muerte. Lamentablemente, no sólo del proyecto en sí, sino de buena parte de venezolanos, si no salimos pronto de él.

Por más difícil que pueda parecer la situación de las fuerzas democráticas en estos momentos, el futuro –y no muy lejos—les pertenece. ¿Hasta cuándo los fascistas van a prolongar el sufrimiento, torpedeando toda posibilidad de una salida que pueda ampararlos en lo inmediato –la justicia tardará, pero eventualmente llegará–, para sumergirse en su burbuja de consignas copiadas, imaginándose “blindados” contra la realidad? ¿Es que realmente creen que así habrán de salvarse? ¿Es que no queda nadie sensato ahí, con los pies en la tierra? ¿Todos son criminales enceguecidos por la rapiña?                                                                         —
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No es normal que Maduro desaparezca a la gente

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Por
 Jesús Ollarves
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Tarek William Saab: Si alguno de los "indultados" vuelve a cometer un delito, será castigado como corresponde
Tarek William Saab. Foto: AFP

Después de más de 24 horas de incertidumbre, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del ministro de Información y Comunicación, Freddy Ñáñez, confesó que tenía sus manos metidas en el caso del periodista y activista del partido político Voluntad Popular Roland Carreño, quien fue víctima de una desaparición forzada de personas.

Durante más de un día, Carreño quedó indefenso, a merced de sus captores, en un lugar que no fue informado oficialmente. En estricto Derecho, hasta que los agentes del Estado responsables de la detención no precisen el lugar dónde se encuentre la víctima, el delito de desaparición forzada de personas continúa.

Lo cierto es que en el caso de Carreño (y cada vez de manera más repetida y sistemática), el gobierno de Maduro habría cometido un ilícito que puede adquirir la dimensión de crimen de lesa humanidad.

El patrón se repite: la persona es detenida, se desconoce su paradero durante lapsos que oscilan entre unos pocos días y más de una semana, no se les permite llamar a sus familiares o abogados para informarles de su detención o paradero, y cuando se dirigen a las autoridades no se les proporciona información.

Esta modalidad de persecución utilizada por el régimen de Nicolás Maduro es un instrumento de represión para silenciar la disidencia. La principal característica de la desaparición forzada de personas consiste en la negación de la detención y de la información sobre el lugar de la misma y el paradero final de la persona detenida por parte de las fuerzas de seguridad que efectuaron la captura, dejando a las personas al margen de toda protección legal.

La desaparición forzada de personas es un crimen que viola múltiples derechos de las personas, entre ellos la libertad, la integridad física, el debido proceso y, eventualmente, la vida.

Lo más grave es que el caso del periodista Carreño no es aislado, pues se trata de una práctica deliberada y sistemática ejecutada por el régimen de Nicolás Maduro.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela designada por Naciones Unidas documentó exhaustivamente la práctica de la desaparición forzada de corta duración contra venezolanos y venezolanas, sobre todo aquellos que son calificados de “objetivos políticos” por parte del régimen de Maduro. En los casos investigados por la ONU se determinó la participación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia.

No es normal que un día después de haber sido capturado por agentes del Estado la familia, abogados y allegados de Roland Carreño se hayan enterado, a través de un anuncio efectuado en las redes sociales por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, que estaba en manos del régimen.

No es normal que Tarek William Saab, en su condición de fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no investigue las desapariciones forzadas de corta duración. Fue el mismo Tarek William Saab quien el 18 de octubre de 1999, en su condición de constituyente, planteó consagrar en la Constitución la prohibición, prevención y sanción de la desaparición forzada de personas.

Tampoco es normal que, con la excusa de preservar el orden constitucional y la paz, en forma maquiavélica, se realice un ataque despiadado e inescrupuloso contra los que, según el régimen, pretenden alterar la tranquilidad y el normal desarrollo de las actividades en el país.

La práctica de la desaparición forzada en Venezuela es el reflejo de la utilización del Derecho Penal del Enemigo. Esa perversión del ejercicio de la autoridad estatal que los gobiernos autoritarios aplican a quienes consideran sus enemigos y, con esa excusa, hacen todo lo necesario para aniquilarlos. No es solo el régimen (que se podría limitar al Ejecutivo), son todos los órganos del poder público que actúan en forma orquestada en contra de individuos o grupos cuya ciudadanía y dignidad se desconoce y se aplasta.

Este tipo de derecho penal tiene sus raíces en el pensamiento de Carl Schmitt, jurista alemán antisemita, colaborador del nazismo y autor de la teoría de la distinción amigo-enemigo, en la cual se sustentó la exclusión total de políticos, judíos, gitanos y homosexuales, entre otros grupos, que fueron confinados en campos de concentración y exterminio como Auschwitz y Dacau. Fueron aniquilados, simplemente, por ser considerados enemigos del Estado.

La esencia del Derecho Penal del Enemigo es que el Estado soslaya la noción de ciudadanos, privilegia la de enemigos y a estos los hostiga y los liquida. Se contrapone al Derecho Penal Democrático, el cual considera que el delincuente es un infractor que tiene derechos dentro del proceso. El Derecho Penal del Enemigo supone que el infractor pierde, o debe negársele, su condición de ciudadano, de persona, pues merece ser sometido a una coacción inclemente, sin garantías de un efectivo ejercicio a la defensa.

La responsabilidad del Estado venezolano no solo se encuentra comprometida cuando este, a través de la conducta de sus agentes, lesiona un derecho, sino también cuando omite ejercer las acciones pertinentes para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables.

La práctica de la desaparición forzada de personas es una afrenta a la conciencia del hemisferio y cuando su práctica es sistemática constituye un crimen de lesa humanidad.

Por lo pronto, allí está, a la vista y consideración de todo el mundo, el informe de la misión de la ONU, el cual precisa las cadenas de mando del Sebin y de la Dgcim (como también del Cicpc y la FAES), a través de las cuales fluye la orden de desaparecer a la gente en Venezuela. En esas cadenas de mando, y así también lo estableció la misión de la ONU; Nicolás Maduro figura como el principal responsable.

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Ley Antibloqueo y el fantasma de la privatización rusa

régimen de Maduro
Foto: @PresidencialVE

La Ley Antibloqueo sigue generando mucha polémica debido a su falta de transparencia. En el artículo 34 establece: “Se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”. En el artículo 35: “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”. Y en el artículo 36: “Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta ley  que supongan la desaplicación de normas de rango legal”.

Toda esta opacidad genera dudas, sobre todo porque esta ley busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos, así como en la gestión de  los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos.

María Alejandra Díaz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ANC, informó que solicitaron el proyecto de la Ley Antibloqueo pero no les permitieron revisarlo antes de su aprobación, razón por la cual salvó su voto. Otro constituyente del PSUV, Telémaco Figueroa, rechazó la reiterada actuación de la junta directiva de la ANC de incorporar temas en la agenda de discusión sin que previamente sean conocidos por los constituyentes. El PCV también alzó su voz crítica y su secretario general, Oscar Figuera, cuestionó: “El contenido de esta ley es entregar el país, estableciendo una censura enmascarada en una supuesta defensa de la soberanía nacional (…) es entregar la industria petrolera al capital transnacional, la devolución de tierras a terratenientes y el regreso de empresas nacionalizadas al sector privado, es la venta de activos y empresas de la República al mejor postor”.

En defensa del interés nacional, vale la pena recordar las lecciones y advertencias que se desprenden de la privatización rusa, luego de la implosión de la URSS. La desestatización de la economía soviética fue una operación bien orquestada. La jugada maestra fue el “Programa de préstamos a cambio de acciones”. El gobierno ruso, en lugar de solicitar al Banco Central los recursos que necesitaba para cubrir el déficit fiscal, se endeudó con los bancos privados amigos del gobierno o propiedad de sus testaferros. Como garantía de los préstamos recibidos, el gobierno les ofreció acciones de las empresas públicas. Y al no poder pagar, los bancos ejecutaron las garantías y se apropiaron de los principales activos públicos.

A través del acceso a información privilegiada, los jerarcas del partido y de la burocracia soviética se apropiaron descaradamente de importantes empresas del Estado. El desmoronamiento del socialismo soviético demostró que el verdadero peligro no provenía de la amenaza imperialista, sino del propio modelo estatista que la dirigencia del partido había creado para medrar insaciablemente de una posición privilegiada en las empresas públicas y a la cual no iba a renunciar tan fácilmente en caso de un inminente cambio político.

Ante la certeza de lo que venía después de la caída del Muro de Berlín, prefirieron pactar con el capital transnacional que tanto habían criticado para seguir medrando de las empresas públicas que serían privatizadas. Al derrumbarse el comunismo soviético, las empresas estatales se abrieron a la inversión privada aceleradamente y los nuevos dueños terminaron siendo sus anteriores directivos y jerarcas del gobierno y del partido. Por eso en la Rusia de hoy, buena parte de la pujante y próspera clase empresarial proviene de la vieja nomenclatura comunista y de la burocracia estatal.

Al referirse al proceso de privatización en Rusia, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió: “El resultado (…) fue que un puñado de amigos y socios de Yeltsin se convirtieron en multimillonarios, pero el país fue incapaz de pagar a los jubilados su pensión de 15 dólares mensuales”.

De nuevo nos formulamos la misma pregunta: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un proceso de privatización apresurado y poco transparente?



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El gran escape

El reencuentro de Leopoldo López con la libertad estuvo rodeado del misterio, la sorpresa y la espectacularidad de las operaciones planificadas con precisión milimétrica, con el fin de asestarles un golpe noble a enemigos implacables e incansables. El gobierno quedó desconcertado. Tanto, que Nicolás Maduro destituyó al ministro de Relaciones Interiores, el siempre compañero de ruta Néstor Reverol. Esa fue una acción sensacional y desconcertante, no importa lo que digan algunos cretinos de cierta “oposición”, envenenados por el odio, dedicados a destruir a nuestros propios héroes y atacar las narraciones que exaltan el valor de quienes han pagado con cárcel y exilio su lucha por recuperar la democracia.

López nunca debió ir a la cárcel. El régimen instalado en 1999 se ensañó contra él. En 2008, cuando se perfilaba como ganador de las elecciones para la Alcaldía Metropolitana, el cargo de elección popular más importante, luego del presidente de la República, Hugo Chávez decidió inhabilitarlo por trece años. El entonces joven alcalde del municipio Chacao no podría aspirar a ningún cargo a través del voto ciudadano. El comandante se libró, con una zancadilla, de un serio competidor por un período bastante prolongado. En 2014, el método aplicado para acabar con el líder de Voluntad Popular fue aún más drástico: lo acusaron de ser el instigador y responsable fundamental de la violencia que acompañó “La Salida”, el movimiento que desató fieros enfrentamientos callejeros contra el régimen aquel año. Para demostrar que el discurso de López estaba cargado de odio y era una invitación clara a  la violencia, el gobierno contrató los servicios de una reconocida lingüista, la doctora Rosa Amelia Asuaje. En sus pesquisas, la doctora Asuaje no encontró ninguna evidencia que incriminara a López. Así lo declaró en distintas instancias en repetidas oportunidades. Sin embargo, Maduro mantuvo la acusación.

Poco tiempo después de que López fuese sentenciado a casi catorce años de prisión, Franklin Nieves, el fiscal designado por el Ministerio Público para llevar su causa, huyó del país. Desde el exterior declaró que a lo largo del juicio había sido presionado por el régimen para responsabilizar al exalcalde, que los testigos habían sido comprados y que todo el juicio había sido una patraña urdida por los jerarcas del régimen para decapitar la carrera política de López. Nieves pidió perdón por haberse prestado a semejante maniobra. Su confesión no tuvo ninguna repercusión legal. Ni la Fiscalía General ni el TSJ se dieron por enterados. El gobierno lo tachó de traidor y agente de la ultraderecha. Nada original. López permaneció aislado en un calabozo en Ramo Verde, la cárcel destinada a quienes son acusados y encontrados responsables de rebelión militar.

En su primera  rueda de prensa en Madrid, López demostró saber cuál es el papel que le corresponde: se desmarcó de cualquier tipo de invasión extranjera a Venezuela; aspira a convertirse en un factor  de cohesión de los líderes opositores que se encuentran en el exterior, entre quienes existen deferencias notables de criterios acerca de cómo encarar la situación nacional; trabajará por conseguir el mayor apoyo internacional con el fin de lograr en el menor lapso posible unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables; y tratará de que las relaciones entre los dirigentes que se hallan en el exterior y los líderes nacionales se sincronicen, de modo que todas las acciones apunten en la misma dirección.

Estos retos no son nada sencillos de satisfacer. Las diferencias de opiniones, concepciones políticas y métodos de lucha entre los líderes en el exilio son abismales. Acoplar el exterior con la fuerza doméstica tampoco resulta fácil. La oposición interna se encuentra muy debilitada y dispersa. Además, la tozudez del régimen es granítica. A Nicolás Maduro no le importa para nada que el país termine de arruinarse Su único objetivo consiste en permanecer abrochado al poder. Cuenta con aliados poderosos dentro y fuera de la nación. Rusia, China, Irán y Cuba le proporcionan el respaldo que requiere en el tablero internacional. Los militares, el inmenso aparato represivo que montó, los colectivos y los grupos paramilitares, le suministran el apoyo suficiente para sembrar terror y conservar el mando.

Leopoldo López ha demostrado poseer una enorme sagacidad y sentido de la oportunidad. Se ha escapado de dos de los sitios donde ha estado recluido. Conoce los obstáculos que mencionó y sabe que deben ser removidos cuanto antes, con la participación de numerosos sectores, para evitar que el país siga rodando cuesta abajo.

Por ahora, hay que celebrar que otro dirigente recuperó la libertad para sumarse a la dura batalla por reconquistar la democracia en Venezuela. Bienvenido.

@trinomarquezc

Si te sancionan, te premian

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Una vez más el mandante recurrió a sus más cercanos colaboradores para hacer un enroque ministerial. Estos movimientos lo que quieren decir es que para él la muestra más valiosa de lealtad no es que se hagan la vista gorda ante los delitos que comete el régimen, sino que participen tan activamente que Estados Unidos los sancione.

El ministro que ahora se encargará de terminar de arrasar con el sistema eléctrico es señalado por Washington por tener vínculos con el narcotráfico. En agosto lo ascendieron a general de la Guardia Nacional. Se desempeñaba como ministro de Interior y Justicia, así que es uno de los que aparece como responsable de terribles violaciones de los derechos humanos. Esos son sus méritos.

Será por eso que ahora se encargará de administrar la pesadilla que representa para los venezolanos el servicio de electricidad. No es porque sepa algo del tema, porque ese no parece ser un requerimiento para llegar a dirigir un despacho ministerial en el régimen. Debe ser más bien porque, siendo una de las principales quejas de los ciudadanos, a este general no le costará mucho hacerse la vista gorda y no resolver nada.

Y aunque los larenses celebren la partida de su gobernadora, no puede durar mucho el alivio, pues además de ministra de Interior y Justicia quedó como “protectora” del estado. La almiranta ya fue jefa de este despacho, es una de las piezas incondicionales del régimen. Cuando se supo la noticia de que había sido incluida en la lista de sancionados por Estados Unidos aseguró que como “hija de Chávez” no se deja amedrentar por los castigos imperialistas. Conclusión, que esta hermana del mandante está dispuesta a seguir destruyendo al país desde la oficina donde la pongan.

Pobre jefe del régimen, no tiene de dónde sacar más gente. Ha tenido que hacer malabarismos para llenar la lista de candidatos a la AN para sus elecciones fraudulentas y también llenar los cargos ministeriales. Sin olvidar a los que manda para las embajadas amigas. Pero de lo que puede ufanarse y estar seguro es de que los pocos que quedan a su lado, sobre todo los militares, están satisfechos porque siempre los ha puesto donde hay y con eso compra su lealtad a prueba de balas.

Nada nuevo se hará en materia de justicia, pero sí en cuanto a represión y atropello de los derechos humanos con esta ministra. Tampoco habrá soluciones a la pesadilla de regiones completas sin servicio eléctrico porque el general no viene a eso. Sus tareas están a la vista de todos, seguir como si nada estuviera pasando. Total, ellos gozan de las mieles rojitas del poder y venden su alma al que tiene los cobres.