08 de marzo de 2021 - 08:03 - Por OMAR ESTACIO Z
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El "Informe Matute" asegura que las "captahuellas" no deben ser parte operativa de las mesas electorales
Leo el inventario preparado por el experto Gabriel Matute Loreto, sobre las condiciones mínimas que debería exigir la oposición venezolana, si es que decide participar en las supuestas elecciones para alcaldes (2021) y gobernadores (2022) de acuerdo a cronograma presentado -ni siquiera por el Consejo Nacional Electoral, como correspondería- sino por el usurpador, Nicolás Maduro.
Dicho informe no tiene desperdicio. Se necesitarían varios artículos de prensa para glosarlo completo. Matute Loreto sabe de lo que habla. Ha participado o seguido muy de cerca los numerosos procesos electorales a lo largo de los últimos 22 años y conoce, casi como nadie, los recovecos de la narcosatrapía desgobernante, para torcer la voluntad del electorado.
Durante la rectoría de la coludida señora Lucena, el Consejo Nacional Electoral CNE les impuso a los partidos políticos, una avalancha de requisitos para revalidarse. En su mayoría son formalidades postizas, acomodaticias, casi imposibles de cumplir, a menos de contar con la complacencia que el CNE, reserva para los partidos oficialistas o para los que posan de opositores aunque no sean más que comparsas del autoritarismo. Esos obstáculos, detallados en el “Informe Matute Loreto” hay que removerlos si tales elecciones se pretenden democráticas.
Hay un principio inherente a todos los sistemas electorales que se precien de tales: Que las designaciones de las autoridades de los partidos políticos y de los candidatos que postulen, sean votadas, previamente, por las militancias de esos mismos partidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia se arrogó la atribución de remover y sustituir las directivas de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Copei, Un Nuevo Tiempo, Podemos, Bandera Roja, MIN Unidad, MEP y esas directivas a todas luces espurias, fueron las postulantes de los candidatos a la Asamblea Nacional en el proceso electoral de diciembre pasado. Cualquier elección futura tendrá de devolverles el manejo de tales organizaciones opositoras a sus militancias.
Por otra parte, la Constitución de Venezuela -que ni siquiera fue redactada por venezolanos, porque hasta en lo indelegable el chavismo ha sido entreguista- establece que la inhabilitación política de todo ciudadano ha de ser decretada por la autoridad judicial. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha inhabilitado hasta por 15 años a numerosos opositores, muchos de ellos, diputados a la Asamblea Nacional, todavía presidida por el presidente (e) Juan Guaidó. Tal desafuero, además de la letra constitucional contraviene expresa jurisprudencia, dictada por la Corte Interamericana de DDHH.
El “Informe Matute”, además, detalla las falencias de las datas de los Registros Electoral Permanente, REP, del CNE y de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, ONIDEX: duplicación y hasta triplicación, de numerosos inscritos; muertos y extranjeros, que aparecen como potenciales votantes; personas presumiblemente inexistentes, bajo nombres y apellidos atrabiliarios, ajenos a nuestros usos, costumbres y a nuestra forma de hablar o cuya numeración de cédula de identidad, no se corresponde con sus hipotéticas edades. Recomienda, el Informe en cuestión, sendas auditorias, a fondo, de los citados registros y su cruce con otros registros nacionales como medida elemental para sus depuraciones.
El Sistema de Identificación Biométrica (Captahuella), según el “Informe Matute” no debe ser parte operativa de las mesas electorales, pues el único requisito para votar es la cédula de identidad y no el condicionante de la “captahuella”, que tampoco debe estar conectada a la máquina de votación, ni a equipos ubicados en las sedes de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y del Frente Francisco de Miranda, FFM, verdaderos actores políticos obedientes al gang de Maduro Moros.
El prontuario criminal de la Narcosatrapía, registra a lo largo de los últimos 22 años, ilícitos electorales de toda laya: Cometidos mucho antes -meses y hasta años- del día de los sufragios; perpetrados durante o, en, el día de los sufragios y consumados, después de tales fechas, pues incluso proclamados y posesionados opositores en sus cargos de, gobernadores, alcaldes o de diputados a la Asamblea Nacional, tales despachos públicos han sido privados de sus recursos económicos, vaciados de atribuciones y hasta despojados de sus sedes naturales. En esos particulares, el TSJ ha actuado, como verdadero proxeneta de los delitos urdidos por el Poder Ejecutivo, antes ejercido por el felón de Chávez y muerto o asesinado este último, por quien se hace llamar su “Hijo” Político.
Pese a panorama tan poco alentador, todo parece aconsejar que la oposición -la auténtica, no la malinche, volvemos a puntualizarlo- debe participar en las mencionadas elecciones regionales. No como expresión de fe democrática, pues no puede haberla cuando la narcosatrapía anda por medio.
Maduro y su pandilla o “patota” son meros eslabones de varias cadenas del crimen internacional y tal clase de estructuras no salen sino por la fuerza. Pero ni la oposición venezolana -la auténtica, no la colaboracionista, volvemos a remarcarlo- posee la arboladura bélica necesaria -a Dios gracias- ni la comunidad internacional, que sí la posee, parece inclinada a integrar fuerza multilateral para cauterizar ese foco purulento e infesto-contagioso, a escala regional y hasta mundial, que se hace mal llamar, Revolución Bolivariana.
Nelson Mandela, con una mano dialogaba y participaba en elecciones y con la otra, ordenaba temerarias acciones de sabotaje. La oposición debería pensar en algo parecido, aunque no por los derroteros violentos del surafricano.
Chávez, temblaba y maldecía de solo oír el nombre de Gene Sharp, considerado con justicia, Padre de la Desobediencia Pacífica Contemporánea. Tanto es el temor que le produce a Maduro y adláteres, un movimiento vigoroso en tal sentido que para mejor reprimirlo -no para tutelarlo- han incluido entre las asignaturas para el ascenso al Estado Mayor en la vergonzosa Fuerza Armada Bolivariana, el estudio de las enseñanzas del citado filósofo.
Participar en tales farsas electorales para usarlas como tribuna para denunciar, demostrar y seguir exhibiendo ante la comunidad internacional las lacras antidemocráticas del usurpador, Maduro Moros, es estrategia plausible, siempre que en paralelo se potencien los mecanismos de desobediencia y resistencia civil, pacífica y masiva. Vía legítima y quizás eficaz, por lo pronto, para hacer colapsar la narcosatrapía desde sus propias entrañas.
@omarestacio
El "Informe Matute" asegura que las "captahuellas" no deben ser parte operativa de las mesas electorales
Leo el inventario preparado por el experto Gabriel Matute Loreto, sobre las condiciones mínimas que debería exigir la oposición venezolana, si es que decide participar en las supuestas elecciones para alcaldes (2021) y gobernadores (2022) de acuerdo a cronograma presentado -ni siquiera por el Consejo Nacional Electoral, como correspondería- sino por el usurpador, Nicolás Maduro.
Dicho informe no tiene desperdicio. Se necesitarían varios artículos de prensa para glosarlo completo. Matute Loreto sabe de lo que habla. Ha participado o seguido muy de cerca los numerosos procesos electorales a lo largo de los últimos 22 años y conoce, casi como nadie, los recovecos de la narcosatrapía desgobernante, para torcer la voluntad del electorado.
Durante la rectoría de la coludida señora Lucena, el Consejo Nacional Electoral CNE les impuso a los partidos políticos, una avalancha de requisitos para revalidarse. En su mayoría son formalidades postizas, acomodaticias, casi imposibles de cumplir, a menos de contar con la complacencia que el CNE, reserva para los partidos oficialistas o para los que posan de opositores aunque no sean más que comparsas del autoritarismo. Esos obstáculos, detallados en el “Informe Matute Loreto” hay que removerlos si tales elecciones se pretenden democráticas.
Hay un principio inherente a todos los sistemas electorales que se precien de tales: Que las designaciones de las autoridades de los partidos políticos y de los candidatos que postulen, sean votadas, previamente, por las militancias de esos mismos partidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia se arrogó la atribución de remover y sustituir las directivas de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Copei, Un Nuevo Tiempo, Podemos, Bandera Roja, MIN Unidad, MEP y esas directivas a todas luces espurias, fueron las postulantes de los candidatos a la Asamblea Nacional en el proceso electoral de diciembre pasado. Cualquier elección futura tendrá de devolverles el manejo de tales organizaciones opositoras a sus militancias.
Por otra parte, la Constitución de Venezuela -que ni siquiera fue redactada por venezolanos, porque hasta en lo indelegable el chavismo ha sido entreguista- establece que la inhabilitación política de todo ciudadano ha de ser decretada por la autoridad judicial. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha inhabilitado hasta por 15 años a numerosos opositores, muchos de ellos, diputados a la Asamblea Nacional, todavía presidida por el presidente (e) Juan Guaidó. Tal desafuero, además de la letra constitucional contraviene expresa jurisprudencia, dictada por la Corte Interamericana de DDHH.
El “Informe Matute”, además, detalla las falencias de las datas de los Registros Electoral Permanente, REP, del CNE y de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, ONIDEX: duplicación y hasta triplicación, de numerosos inscritos; muertos y extranjeros, que aparecen como potenciales votantes; personas presumiblemente inexistentes, bajo nombres y apellidos atrabiliarios, ajenos a nuestros usos, costumbres y a nuestra forma de hablar o cuya numeración de cédula de identidad, no se corresponde con sus hipotéticas edades. Recomienda, el Informe en cuestión, sendas auditorias, a fondo, de los citados registros y su cruce con otros registros nacionales como medida elemental para sus depuraciones.
El Sistema de Identificación Biométrica (Captahuella), según el “Informe Matute” no debe ser parte operativa de las mesas electorales, pues el único requisito para votar es la cédula de identidad y no el condicionante de la “captahuella”, que tampoco debe estar conectada a la máquina de votación, ni a equipos ubicados en las sedes de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y del Frente Francisco de Miranda, FFM, verdaderos actores políticos obedientes al gang de Maduro Moros.
El prontuario criminal de la Narcosatrapía, registra a lo largo de los últimos 22 años, ilícitos electorales de toda laya: Cometidos mucho antes -meses y hasta años- del día de los sufragios; perpetrados durante o, en, el día de los sufragios y consumados, después de tales fechas, pues incluso proclamados y posesionados opositores en sus cargos de, gobernadores, alcaldes o de diputados a la Asamblea Nacional, tales despachos públicos han sido privados de sus recursos económicos, vaciados de atribuciones y hasta despojados de sus sedes naturales. En esos particulares, el TSJ ha actuado, como verdadero proxeneta de los delitos urdidos por el Poder Ejecutivo, antes ejercido por el felón de Chávez y muerto o asesinado este último, por quien se hace llamar su “Hijo” Político.
Pese a panorama tan poco alentador, todo parece aconsejar que la oposición -la auténtica, no la malinche, volvemos a puntualizarlo- debe participar en las mencionadas elecciones regionales. No como expresión de fe democrática, pues no puede haberla cuando la narcosatrapía anda por medio.
Maduro y su pandilla o “patota” son meros eslabones de varias cadenas del crimen internacional y tal clase de estructuras no salen sino por la fuerza. Pero ni la oposición venezolana -la auténtica, no la colaboracionista, volvemos a remarcarlo- posee la arboladura bélica necesaria -a Dios gracias- ni la comunidad internacional, que sí la posee, parece inclinada a integrar fuerza multilateral para cauterizar ese foco purulento e infesto-contagioso, a escala regional y hasta mundial, que se hace mal llamar, Revolución Bolivariana.
Nelson Mandela, con una mano dialogaba y participaba en elecciones y con la otra, ordenaba temerarias acciones de sabotaje. La oposición debería pensar en algo parecido, aunque no por los derroteros violentos del surafricano.
Chávez, temblaba y maldecía de solo oír el nombre de Gene Sharp, considerado con justicia, Padre de la Desobediencia Pacífica Contemporánea. Tanto es el temor que le produce a Maduro y adláteres, un movimiento vigoroso en tal sentido que para mejor reprimirlo -no para tutelarlo- han incluido entre las asignaturas para el ascenso al Estado Mayor en la vergonzosa Fuerza Armada Bolivariana, el estudio de las enseñanzas del citado filósofo.
Participar en tales farsas electorales para usarlas como tribuna para denunciar, demostrar y seguir exhibiendo ante la comunidad internacional las lacras antidemocráticas del usurpador, Maduro Moros, es estrategia plausible, siempre que en paralelo se potencien los mecanismos de desobediencia y resistencia civil, pacífica y masiva. Vía legítima y quizás eficaz, por lo pronto, para hacer colapsar la narcosatrapía desde sus propias entrañas.
@omarestacio
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