Un bebé de cuatro meses de nacido navega sin sus padres a bordo de una curiara en medio de la noche. En la misma embarcación van 16 niños más, además de 13 adultos. Todos con rumbo incierto, pero con la certeza de que vuelven al infierno que obligó a sus familias a tomar la medida desesperada de ponerlos a salvo.
El gobierno de Trinidad y Tobago, dirigido por Keith Rowley, ordenó la deportación de los venezolanos menores de edad antes de realizar una audiencia sobre su caso. Prácticamente los echaron al mar sin considerar las circunstancias en las cuales debieron dejar Venezuela.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó alarma por esta medida. Cuando sucedió la deportación, la abogada Nafeesa Mohammed no entendía la razón, no solo porque no consideraron la necesidad que tienen de refugio estos venezolanos, sino porque se trataba de niños y los separaron de sus padres.
Miles de venezolanos se han arriesgado a abandonar su tierra para sobrevivir. Y eso es un fenómeno que ha estado afectando a todos los países vecinos, pero no por eso deben ser tratados como menos que escoria. No salen por gusto, no viajan por moda, huyen de un régimen que les ha hecho la vida imposible.
Ningún país de Latinoamérica puede decir que ignora las razones de esta migración descontrolada, y lo que indican las leyes internacionales es tratar de brindar protección, como lo han hecho muchos. Pero nunca, en ningún caso, violar aún más los derechos de los que piden ayuda.
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