Carta del Director
Editorial
Benigno Alarcón Deza
Algo que debe preocupar inmensamente al régimen es el fortalecimiento de la organización ciudadana en estructuras que sean capaces de superar sus diferencias y movilizarse por la democracia, o sea por su derecho a expresarse, a elegir, a ser elegidos, a organizarse, en fin, por sus derechos políticos y ciudadanos, bajo un liderazgo inclusivo y profundamente democrático.
Todo iba bien, por ahora
El régimen venía avanzando sin mayores tropiezos en su plan de retomar el control de la Asamblea Nacional y de neutralizar y sustituir a la oposición por otra cooptada y complaciente, sobre todo a partir del 13 de marzo, cuando tras decretar el Estado de Alerta por la pandemia logra paralizar el país, incluyendo a quienes se le oponen, que se vieron impedidos de continuar con las protestas que se habían iniciado un mes antes, al regreso de Guaidó de su gira internacional.
Para ello el régimen ha venido avanzando en la convocatoria a las elecciones legislativas, cuya realización está programada para el 6 de diciembre pese a todas las presiones internas e internacionales en contra, mientras intenta fabricar de manera artificiosa y triunfalista un clima de normalización, anunciando la “derrota” de la pandemia, “decretando” el inicio de la navidad, y prometiendo una nueva etapa de crecimiento económico con grandes inversiones que comenzarían a llegar gracias a lo que se ha conocido como la Ley Antibloqueo, lo que choca contra la intuición más elemental de un país evidentemente en ruinas, con un gobierno sin gobernanza, y en donde la gente ha enfocado su día a día en la supervivencia pura y dura.
Esta situación, que no es nueva, pero hace cada día más difícil la supervivencia y poco a poco va alcanzando a toda la población, ha generado un desapego creciente e irreversible de las bases chavistas hacia el gobierno, que no sólo dejan de apoyarlo, sino que comienzan a adversarlo, como se desprende del origen de protestas recientes en localidades inéditas, por ser bastiones del chavismo, como las ocurridas en Yaracuy, Portuguesa, e incluso en el centro de Caracas (La Candelaria), no por iniciativa de la oposición sino de líderes comunitarios, provenientes de las bases mismas del chavismo.
Tal desapego de las bases que en algún momento apoyaron a Chávez no se traduce en apego a algún liderazgo de oposición, sino más bien en su desafiliación de Maduro, e incluso de todo liderazgo político y que tiende a moverse hacia un grupo, que hoy equivale a un tercio de la población, formado por quienes afirman no estar ni con el gobierno ni con la oposición, y que también se nutre de quienes se han apartado de la oposición en momentos en los que las expectativas se hunden tras una derrota electoral o de cualquier otro tipo.
Lo cierto es que la narrativa gubernamental ha sufrido algunos traspiés durante las últimas semanas que se inician con la negativa de la Unión Europea a acompañar el proceso electoral parlamentario en respuesta a la negativa de Maduro para revisar la fecha y las condiciones electorales y, como consecuencia de ello, el retiro de la tolda de Capriles, La Fuerza del Cambio, del proceso electoral, lo que ha implicado dos golpes importantes al intento de legitimar una elección que promete niveles históricos de abstención, como expresión de su rechazo. A ello se suman las protestas por servicios públicos en lugares inesperados para el régimen, sin que hubiese represión policial ni de parte de los colectivos. Para cerrar la semana pasada con el escape de Leopoldo López de la residencia oficial del Embajador de España, donde permanecía como huésped del gobierno español, y que era custodiada 24 horas al día por más de una decena de funcionarios del SEBIN, para aparecer posteriormente en España, lo que implica, al igual que en el caso de las protestas, cooperación, ineficiencia, o una combinación de ambas, como prueba de que el régimen venezolano, al igual que ha sucedido con los más autoritarios y crueles, no es invencible ni eterno. Sin duda, todas éstas son malas noticias para quienes detentan el poder y están cada vez más aislados, con una base de sustentación que se ha ido reduciendo a un punto tal que su precaria estabilidad depende, casi exclusivamente, de quienes están dispuestos a usar la represión para mantenerlo.
Pueblo contra pueblo
Es así como en la actualidad, y mañana más que hoy, la permanencia del régimen depende de su capacidad represiva, cada día más reducida y costosa. El régimen, consciente de ello, intenta reducir los costos políticos de reprimir en la medida de lo posible, primero tratando de no tener que reprimir masivamente, para lo cual, desde hace años, lo hace localmente usando una red clientelar de colectivos armados, lo que ha implicado la confrontación de pueblo contra pueblo por motivos políticos, con lo cual se evita tener que movilizar policías y, en última instancia, efectivos militares, quienes, por ser representantes institucionales del Estado, generan un mayor costo político para el gobierno que asume de manera directa la responsabilidad de sus acciones.
Estas prácticas de armar pueblo contra pueblo, creando milicias y grupos paramilitares locales, comunes en dictaduras y otros regímenes autoritarios que prefieren descentralizar en estos grupos el control territorial, bien sea por la incapacidad del aparato estatal o por razones políticas, suelen debilitarse en la medida que los incentivos económicos y políticos comienzan a desaparecer, o sea cuando el dinero, los recursos y el poder detentando por estos grupos comienza a menguar al tiempo que aumenta la animadversión contra el gobierno, colocándoles en la difícil situación de tener que vivir permanentemente confrontados con su propio entorno.
Aún así, el régimen trata de mantener algún nivel de control social local sin aumentar su costo político para lo que implementa las CUPAZ (Cuadrillas de Paz) que, al estar conformadas por grupos más pequeños, pero en contradicción con su denominación, más violentos, pierden su carácter colectivo para convertirse más bien en lo opuesto, o sea en un órgano represor del colectivo.
Esta situación, insostenible en el tiempo, implica una muy alta probabilidad de que se produzca un aumento progresivo de las protestas en la medida en la que el descontento aumenta, la capacidad estatal para dar respuesta a las demandas sociales se reduce, y los grupos locales se niegan a reprimir en sus propias comunidades, obligando al gobierno a incurrir en los costos políticos y riesgos que implica el tener que reprimir directamente haciendo uso de los cuerpos policiales y militares para confrontar las protestas mientras se multiplican y masifican.
Los desenlaces posibles
El régimen está consciente de esta situación y sus potenciales consecuencias, y es por ello que intenta, en primer lugar, apuntalar su legitimidad en la elección legislativa, que sin lugar a dudas ganará, pero cuya utilidad a tal fin será nula para, a partir de allí, tratar de burlar el cerco de las sanciones y atraer algunas inversiones, lo que logrará de manera muy limitada y en actividades que involucrarán a algunos gobiernos aliados del régimen, inversionistas de alto riesgo que están interesados en participar en procesos de privatización que se llevarán adelante sin ningún tipo de control público, así como a actores gubernamentales que participarán y controlarán alguna fase de estos negocios. De ahí el carácter secreto de las operaciones y registros, que es parte de la razón de ser de la Ley Antibloqueo, pero que difícilmente puede abonar a una mejora sustancial en la economía del país, la prestación de servicios públicos o las condiciones de vida de la gente.
Un escenario en el que la situación económica y social continúa agravándose, los servicios públicos se deterioran, el descontento continúa en aumento, los planes asistenciales distribuidos a través de redes clientelares desaparecen, y quienes formaron parte del aparataje represivo comunitario se niegan a reprimir, e incluso se colocan del lado del descontento mayoritario, contiene los ingredientes necesarios para aumentar la conflictividad de manera exponencial y generalizada.
Ante escenarios de estas características en los que el conflicto y la protesta tienden a emerger y donde las capacidades de contención de manera temprana y localizada están menguadas, se hará necesario para el régimen el uso del aparato represivo estatal, en un primer momento el policial, pero de continuar la tendencia se haría inevitable acudir al militar, con los costos políticos que ello implica y el peligro que conlleva poner al soldado con un mínimo de conciencia, que los hay y son muchos, ante el dilema de escoger entre Maduro y su propio pueblo.
Un escenario como el descrito tiene tan sólo dos desenlaces posibles, mantener el poder por un recrudecimiento muy importante de la represión de parte de órganos policiales y militares, o un cambio en el gobierno para recuperar la gobernabilidad. Un recrudecimiento de la represión estatal, hasta ahora contenida gracias al control social ejercido por las mismas redes locales que hoy se suman a muchas de las protestas tiene, además de un costo político muy elevado para el régimen, la posibilidad de iniciar una escalada de violencia en la que, según nuestros propios estudios iniciales, podría participar un porcentaje de la población que supera varias veces el número total de funcionarios policiales y militares del país, con costos inimaginables.
Esta situación no implicaría la salida inmediata del régimen del poder, pero si su insostenibilidad y su salida inevitable en algún momento si la situación descrita no da un giro de 180 grados, lo que consideramos poco menos que imposible, aún en el escenario de una relativa liberalización económica como la que el régimen negocia en la actualidad con algunos actores económicos.
La razón por la cual es muy poco probable una mejora sustancial de la situación económica y social del país bajo la actual administración se debe a que ello depende de la reactivación de la industria petrolera y de otros sectores, así como de la recuperación de los servicios públicos, lo que implica inversiones muy cuantiosas que demandan la participación de organismos multilaterales e inversiones privadas de largo plazo que no son posibles si no existen condiciones de estabilidad y confianza. Si bien es cierto que la economía de Venezuela se ha reducido a un tamaño tal que niveles pequeños de inversión podrán representar un porcentaje importante del producto interno bruto, que los economistas estiman hoy alrededor de los treinta mil millones de dólares. El tipo de inversiones que generalmente operan en condiciones de alto riesgo como las venezolanas suelen ser actividades muy rentables, en ocasiones de dudosa legalidad, o depredadoras como la minería ilegal, que son aprovechadas por muy pocas personas, y cuyo efecto neto en la microeconomía del ciudadano de a pie suele ser imperceptible.
La única ventaja con la que cuenta el régimen para alargar un tanto más el statu quo es la precariedad del tejido organizativo social, tanto a nivel de los partidos políticos como de organizaciones ciudadanas. Contradictoriamente, ese tejido social se encuentra algo más estructurado en los sectores más pobres, en los que la superviviencia de cada día depende de la solidaridad y la organización, lo que explica en buena medida la reciente proliferación de protestas en contra del gobierno, organizadas muchas veces desde las mismas redes que el régimen fortaleció con fines electorales, principalmente por temas relacionados con el deterioro ya insostenible de sus condiciones de vida.
¿Qué nos falta?
Tal como lo demuestra la evolución de los distintos estudios de opinión, incluidos los nuestros, las bases del chavismo han venido retirando su apoyo a Maduro progresivamente desde su ascenso al poder en 2013, hasta tocar un piso, que se confunde con su techo, y que se ha mantenido entre un 12 y 14% durante los últimos años. El resto del chavismo hoy se distribuye, mayoritariamente, entre aquellos que continúan autodefiniéndose como chavistas decepcionados de Maduro y quienes se desafiliaron por completo y forman parte de ese tercio de la población que dice no estar con el gobierno ni con la oposición.
Que los números de Maduro continúen bajando es difícil, aunque no imposible, porque siempre habrá un sector del chavismo que no será capaz de ver las equivocaciones de Chávez, y por lo tanto de cuestionar la decisión de haber escogido a Maduro. Pero la realidad es que un mandatario con un nivel de apoyo de 14% y más de un 70% adversándolo, sólo puede sostenerse por la fuerza, haciéndolo absolutamente dependiente de los agentes represores estatales y para-estatales, lo que a la larga siempre resulta insostenible y hace del cambio político un asunto de más o menos tiempo.
Hasta el día de hoy, la oposición y el chavismo que no apoya a Maduro, así como quienes en algún momento apoyaron al chavismo y hoy no apoyan a nadie, no han logrado encontrarse porque ninguno confía en el otro y continúan viéndose como enemigos con diferencias insalvables. El chavismo disidente no encuentra entre quienes gobiernan un liderazgo que los represente y sea capaz de reunificarlos, mientras ve a los liderazgos de la oposición como antidemocráticos y temen tanto por su exclusión política y social, como por la persecución y posibles represalias que ese sector podría emprender en caso de llegar al poder.
El liderazgo de oposición, más que de oposición al chavismo, debe presentarse como democrático. El liderazgo democrático necesita de una narrativa inclusiva que sea piedra fundamental de su lógica política y se ponga por encima de las diferencias, que siempre las habrá, respetando el derecho sagrado de expresarlas, defenderlas y representarlas políticamente bajo las únicas limitaciones que imponen las reglas de la convivencia democrática, y que deben ser impuestas a todos, sin excepción, por instituciones que hagan contrapeso al poder y estén al servicio del Estado, y no de quien por su liderazgo haya sido elegido, temporalmente, para cumplir con el servicio de gerenciar la Presidencia. Algo que debe preocupar inmensamente al régimen es el fortalecimiento de la organización ciudadana en estructuras que sean capaces superar sus diferencias y movilizarse por la democracia, o sea por su derecho a expresarse, a elegir, a ser elegidos, a organizarse, en fin, por sus derechos políticos y ciudadanos. A partir de ese momento estaremos ante el principio del fin de una de las etapas más oscuras de nuestra historia y entrando a una en la que tendremos la oportunidad de construir un nuevo país, con una democracia plena, en la que todos los ciudadanos sean responsables, dueños de su destino y protagonistas de una nueva historia.
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