“En el mismo momento en que se comete el delito”. Eso significa la expresión latina in fraganti. Con las manos en la masa, pues. Y por esta razón la primera vicepresidenta de la asamblea nacional rojita lleva en su bolso unas esposas, que no son de juguete.
Dice ella que está esperando encontrarse cara a cara con Juan Guaidó, que de acuerdo con su criterio está cometiendo el delito de “usurpación” (cualquier proyección sobre la realidad mejor pregúntenselo al presidente-diputado-psiquiatra).
Esgrime como fundamento de su aseveración el artículo 44 de la Constitución en el que se autoriza la detención de cualquier persona que viole la ley, sin orden judicial previa, si se le encuentra in fraganti.
Si ese es el caso, los venezolanos van a tener que comprar esposas al por mayor. Y los enchufados que quieran llenarse de dólares que comiencen a ofrecerlas en los bodegones. Porque la “diputada” no aclara cuál es el procedimiento indicado en caso de que alguien viole lo que dice expresamente ese artículo 44 con el que se llena la boca.
Por ejemplo: la persona detenida “será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho (sic) horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”. ¿A cuántos presos políticos se les ha garantizado esto que indica la carta magna?
Seguimos: “Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza; y estos o estas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida”. Perdone, lector, la redacción del texto constitucional pero así lo escribieron. Y sobre este apartado hay que preguntarse ¿cuánto tiempo pasaron los familiares de los presos políticos sin saber dónde estaba su ser querido? ¿Cuántos abogados no han pagado plantón a las afueras de El Helicoide, por ejemplo? Un ejemplo bien reciente: ¿cuántos días pasó sin que se supiera en dónde tenían al periodista Roland Carreño?
Y otra perlita: “Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta”. La ONG Foro Penal lleva la cuenta de los detenidos que han recibido boletas de libertad y que aún siguen secuestrados.
Entonces, ¿quiénes son los que están en flagrancia? ¿Quiénes son los primeros que violan, por decir lo menos, el artículo 44 de la Constitución? ¿Cuál es la pena para el que irrespeta la carta magna de todos los venezolanos?
No hay comentarios:
Publicar un comentario