En las democracias occidentales, las instituciones políticas y sus diseños constitucionales han permitido el efectivo control civil sobre las fuerzas armadas, es decir, que el poder militar se subordine a la autoridad legítima, a las leyes y asuma un rol profesional al servicio del conjunto de la nación. Es más fácil describirlo que lograrlo, pero lo deseable es que las armas se silencien frente al derecho.
En Venezuela, tras el fin de la guerra de
la independencia y la separación de Colombia, los militares asumieron el poder
político y, pese al carácter republicano de las distintas constituciones, la
elección del Presidente de la República respondía más criterio de que ese cargo
era el último de la carrera de las armas antes que a la elección por voto
universal, secreto y directo. De hecho, el que los venezolanos eligieran a un
presidente con el voto solo fue posible tras el 18 de octubre de 1945, más de
un siglo después de lograda la independencia.
La constitución de 1961, aprobada tras el
fin del gobierno de Pérez Jiménez, instauró el procedimiento bajo el cual los
ascensos militares fueran facultad del Congreso de la República, es decir, de
los civiles. Ese procedimiento fue ejecutado hasta 1999 dado que la nueva
constitución aprobada aquel año eliminaba esa prerrogativa del Congreso y, aún
más, le permitió votar a los efectivos militares. Esto último es la raíz de la
total ausencia de la obediencia y subordinación del poder militar al poder
civil. Las Fuerzas Armadas deben ser un cuerpo esencialmente profesional, al
servicio de la seguridad e integridad de la nación, no servir a ninguna
parcialidad, pero al permitirles el voto se les autorizó a cuestionar la
autoridad que las leyes otorgan al poder civil.
En la actualidad, debemos reflexionar. ¿Qué
tanto poder tienen los militares en Venezuela? ¿Es adecuado que muchos cargos
públicos anteriormente ejercidos por civiles sean ejercidos por militares? ¿Por
qué no podemos tener un civil como ministro de la defensa? ¿Por qué la Asamblea
Nacional no discute la autorización o no de las operaciones militares conforme
a la letra constitucional? ¿Es compatible la democracia con el predominio de
los militares en los asuntos públicos?. Son muchas preguntas y pocas las
respuestas.
Las fuerzas armadas son sumamente importantes
para la Venezuela de hoy, sin ellas es dificil imaginar como combatir el
narcotráfico, las guerrillas, el terrorismo y preservar la integridad
territorial. No obstante, las decisiones sobre cómo el Estado venezolano debe
combatir todas esas amenazas son deliberaciones que corresponden a los civiles,
a los militares corresponde la obediencia y la subordinación a la autoridad
legítima, la que nace de la voluntad popular expresada en votos con soporte en
el derecho. Todo poder sin control es arbitrario y eso es lo que nos sucede
cuando las fuerzas armadas se desprendieron de todo control civil durante los
últimos 20 años. Reitero, reflexionemos.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
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