Una comunidad, tras una interrupción del
servicio eléctrico, se le dañó la bomba del pozo de agua que la surte. Pues
bien, los vecinos se llaman unos a otros para solicitar a la respectiva
alcaldía se resuelva el problema. Uno o varios vecinos, tras visitar la oficina
competente del gobierno local, informa a la comunidad que la falla debe
reportarla el Concejo Comunal con una carta con el sello de esa organización, los
vecinos desesperados buscan a ver si aun hay algún vecino que tenga el fulano
sello para hacer la carta porque los miembros del Concejo Comunal se mudaron y
algunos hasta se fueron del país. Se presenta la carta con el sello y el
funcionario encargado indica que, ahora además, se necesita que se recolecten
firmas para solicitar al alcalde que se repare la bomba. Ese trajín sigue
porque, después de reunir 200 firmas de los vecinos sin agua, la administración
municipal informa que no hay presupuesto.
Muchos ciudadanos del municipio Libertador (y
quizá también del resto) se sienten identificados con esa historia. Y pues, es
que el estancamiento burocrático no es cuento, al contrario, es una realidad
que sufren los ciudadanos a diario. El problema tiene distintas aristas, en
principio debemos notar que hay un vacío procedimental cuando no se tiene unos
pasos reglamentados y uniformes para atender cualquier solicitud vecinal. Por
otro lado, es claro que si existe un Instituto Municipal de Agua y una
Dirección de Servicios Públicos debe también existir un equipo de inspectores
que monitoreen el funcionamiento de los sistemas de bombeo en toda la
jurisdicción y puedan detectar, en tiempo real, cualquier avería sin necesidad
de enterarse por una carta con 200 firmas.
Otro tema es la tendencia a forzar de forma
absurda que toda queja, solicitud o reclamo ciudadano deba pasar por una carta
sellada por el Concejo Comunal, toda vez que muchas de esas instancias están
vencidas, muchos de sus miembros cambiaron de domicilio o simplemente no
ejercen sus funciones. Si un grupo de ciudadanos directamente afectados
recurren a las autoridades competentes se les debe atender sin mayores trámites
sin importar si son o no miembros del Concejo Comunal, la UBCH o el PSUV,
máxime si se trata de la continuidad de un servicio público tan importante como
el agua (de hecho, el acceso al agua es un derecho humano internacionalmente
reconocido).
Es cierto que Oscar Orsini no es culpable
de las taras administrativas heredadas de las mal recordadas gestiones de
Argenis Loreto, Carmen Álvarez y Juan Perozo (todos ellos miembros del PSUV)
pero él si es responsable si permite que continúen las prácticas burocráticas
ineficientes y absurdas que hacen a los ciudadanos dar mil vueltas antes de
resolver cualquier problema. Las tareas son obvias: 1) deben establecerse
normas claras para tramitar solicitudes ante la alcaldía, 2) reconocer que
cualquier grupo de ciudadanos, sean o no miembros del Concejo Comunal, tienen
derecho a ser atendidos y, por los clavos de cristo, 3) ¡arreglen la fulana
bomba de agua que la gente pasa muchas dificultades sin el vital líquido!
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
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